Justicia española pone bajo lupa a medios, alcaldes y policías para impedir referendo catalán

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Madrid, España.

La justicia española endureció este viernes su amenaza de sanciones contra una larga lista de responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del referendo de independencia del 1 de octubre.

La advertencia fue lanzada la noche del jueves al viernes por el Tribunal Constitucional. Éste admitió a trámite cuatro recursos presentados por el gobierno español contra la consulta, que de esta forma queda suspendida cautelarmente.

Uno de los recursos apuntaba a un decreto del gobierno regional catalán, en manos de los independentistas, que detalla la organización del referendo: censo, campaña electoral, reparto del tiempo de palabra en medios de comunicación públicos, urnas…

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En el documento de admisión a trámite, el Constitucional advierte a mas de un millar de altos funcionarios catalanes que en virtud de la suspensión deben a partir de ahora abstenerse de promover, “en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum”.

En la lista aparece con nombre y apellido la integralidad del gobierno catalán, empezando por su presidente, Carles Puigdemont.

También figuran los directores generales de la televisión y la radio públicas de Cataluña, altos cargos de educación y salud, la directora de la agencia de protección de datos o el comisario jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, muy visible en la investigación de los atentados yihadistas que el mes pasado dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils.

Igualmente se llama la atención a “los alcaldes de todos los municipios de Cataluña“, 948 en total, que tendrán un papel clave a la hora de decidir si el domingo 1 de octubre abren sus locales para permitir la votación. A todos ellos se les insta a acatar la suspensión cautelar de la consulta, avisándoles “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Los nacionalistas no se arredran

“Es una vía equivocada que no lleva a ningún sitio”, reaccionó Lluis Corominas, presidente del grupo parlamentario de la coalición catalana nacionalista de gobierno, Juntos por el Sí.

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“No va a haber suficiente papel para comunicar tantos apercibimientos y meter miedo a prácticamente la mitad de la sociedad catalana”, fustigó Corominas, asegurando que los independentistas siguen “comprometidos para que seamos los catalanes los que podamos decidir nuestro futuro” el 1 de octubre.

“Ante este tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia”, ya avisó Puigdemont el jueves.

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Como prueba de su determinación, la cámara catalana, donde los separatistas son mayoría, aprobó pocas horas después de la decisión del TC la llamada “ley de transitoriedad”. El texto detalla el funcionamiento de una hipotética República catalana en sus primeros meses de actividad, en caso de ganar el sí en la consulta.

Al igual que las demás leyes aprobadas en la cámara catalana desde el miércoles, esta última será muy probablemente impugnada este viernes por el gobierno de Mariano Rajoy, que celebra su consejo de ministros.

Presión sobre los ayuntamientos

El conflicto legal es frontal entre estas disposiciones y la tenacidad de las autoridades independentistas, que aseguran que no se van a amilanar por mucha que sea la presión de la justicia o del gobierno de España.

El gobierno catalán asegura que cerca de 600 ayuntamientos han manifestado su apoyo a la consulta, y que cuentan ya con más de 16 mil voluntarios para la organización.

Los ayuntamientos catalanes han sido conminados por el gobierno regional a notificar los espacios de que disponen para la votación.

Algunos alcaldes aún no han contestado, y otros han dicho que no van a abrir locales, como el de Lérida, el socialista Ángel Ros.

Según declaró el viernes a la televisión catalana, su ayuntamiento “cumplirá la legalidad”. Además, criticó que los alcaldes estén cobrando tanta importancia en la celebración del referendo, cuando no son ellos quienes lo convocan.

“Se está intentando municipalizar el problema porque está claro el fracaso político y jurídico de la opción del referéndum tomada por el gobierno” catalán, afirmó Ros, partidario de que esta región siga formando parte de España.

Del otro lado, Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la asociación de municipios independentistas, calificó de “gran acto de democracia” la convocatoria del referéndum, que necesita según dijo el apoyo de esa “gran parte de la ciudadanía que lleva tantos años trabajando” por la consulta.

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